Judiciales
Causa D’Onofrio: devolución de un inmueble y allanamiento en la UTN de La Plata
La investigación judicial sobre el caso que tiene en la mira a Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte provincial, sigue sumando capítulos y abriendo otros, siempre relacionados con irregularidades en las recaudaciones por las fotomultas y las concesiones de los servicios de explotación de las VTV.
Una de las irregularidades que se detectaron con el avance de la causa judicial que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta, tiene que ver con el alquiler de un edificio donde funcionaban las oficinas de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte. La Justicia detectó que el inmueble, ubicado en la calle 6 entre 44 y 45 de La Plata, fue adquirido en 2024 por la empresa Mobmenza Desarrollos SRL, creada apenas 24 horas antes de su adquisición por una empleada doméstica y un empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Los investigadores consultaron los registros de la ANSES y terminaron descubriendo que la mujer trabajaba en la casa de Matías Desio, hermano de Sebastián Desio, el empresario beneficiado con un contrato millonario para tramitar las VTV, y a quien se sindica como uno de los testaferros del ex ministro de Transporte (el primero en la foto que sostiene una remera del Frente Renovador). De hecho, los aportes de la empleada los hacía Carolina Bucchino, esposa de Matías Desio.
El edificio está vacío hace tiempo, con una consigna policial, pero recién el martes pasado se hizo la entrega a sus dueños. El acta de ese acto administrativo lleva la firma de Bucchino, como apoderada de la empresa.
Allanamiento a la UTN
Por otra parte, el martes último la Justicia allanó la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata en el marco de la investigación por un presunto fraude con fotomultas, vinculando a la casa estudios con la CECAITRA (la Cámara que nuclea a las pequeñas y medianas empresas del sector) por posibles maniobras irregulares en convenios con municipios y desvío de fondos.
En este caso, la irrupción de Gendarmería Nacional en la casa de estudios estaría directamente relacionada con la investigación contra la CECAITRA, aunque no directamente con el escándalo de los cinemometros sin certificar. En esta ocasión, la Justicia investiga a empleados de la cámara que eran, a la vez, funcionarios de la UTN y firmaban convenios con municipios desde ambos lados del mostrador.
Fuentes judiciales explicaron que los formularios de distribución de ingresos que desde la UTN hacían firmar a las comunas, en lugar de estar vinculados a la casa de estudios, se correspondían al CBU de la cuestionada organización.
La Justicia busca determinar si desde la universidad se brindó algún tipo de aval técnico, informe o cobertura institucional que haya sido utilizado para eludir los controles oficiales.
