Docentes bonaerenses alertan por trabas en las licencias por violencia de género

SUTEBA Multicolor denunció trabas en licencias por violencia de género y exigió respuestas ante más de mil casos entre docentes bonaerenses.

Un sector de los docentes bonaerenses encendió las alarmas por el crecimiento de los casos de violencia de género y la falta de respuestas del gobierno bonaerense ante la urgencia, en medio de fuertes internas entre los distintos gremios tras el último acuerdo salarial alcanzado con la administración provincial.

La secretaria de Género y Diversidades de SUTEBA multicolor La Matanza, Natalia Hernández, anticipó que el sector busca profundizar el reclamo ante las autoridades educativas por la “estandarización” de las licencias otorgadas a las víctimas de violencia machista y adelantó una serie de presentaciones sindicales para impulsar acciones por parte del Estado provincial.

“Tenemos que garantizar el resguardo y la atención integral de cada compañera que atraviesa una situación de violencia, y eso empieza por asegurarle la licencia que necesita ante un caso tan grave. Ni Una Menos no puede ser un eslogan de campaña y nosotros vamos a continuar con estos reclamos”, agregó Hernández.

La representante sindical manifestó su preocupación por las “limitaciones” que existen sobre las licencias por violencia de género a partir de una reglamentación de 2020, posterior a la Ley 14.893, que establece el régimen de permisos para este tipo de casos y fija un plazo de 35 días para las personas que atraviesan esas situaciones.

Sobre este punto, la referente del sector docente explicó que, antes de la nueva reglamentación, muchas trabajadoras que atravesaban episodios traumáticos accedían a licencias cuya duración definían la Justicia y los equipos intervinientes, de acuerdo con las necesidades particulares de cada víctima.

Ante este escenario, el gremio atribuyó la responsabilidad a la Subsecretaría de Educación, debido a que el organismo que conduce Claudia Bracchi debe firmar o aceptar las extensiones en los permisos. Según Hernández, la Provincia registra más de mil casos activos y muchas de las trabajadoras necesitan una prórroga para salvaguardar su integridad, aunque todavía no obtuvieron una respuesta favorable.

“La Subsecretaría de Educación es la responsable de este tema. A su vez, nuestro reclamo tiene que apuntar a la derogación del decreto que reglamenta la licencia, porque precisamente esa reglamentación va en contra del espíritu que tiene la ley”, sostuvo la dirigente sindical.

Uno de los principales aspectos que remarcaron desde la facción sindical es la “feminización” de sus demandas, puesto que las mujeres representan cerca del 85% de las personas afiliadas y conforman la mayoría de quienes ejercen la docencia. Además, el sector también advirtió que las trabajadoras afrontan con mayor intensidad la crisis económica y la pérdida salarial.

“Nuestra experiencia demuestra que las compañeras que son víctimas de violencia tienen que atravesar diversas situaciones legales y personales, como la reorganización familiar, de la vivienda y los apoyos terapéuticos, que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar los plazos de dicha licencia, entendiendo el amparo legal e interdisciplinario necesario para su abordaje y acompañamiento”, señala un comunicado que la corriente de SUTEBA difundió a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que, el diputado del unibloque PTS – FIT, Christian Castillo, presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura manifieste su preocupación por las limitaciones que, según plantea la iniciativa, existen en la reglamentación y aplicación de las licencias a docentes bonaerenses por violencia de género en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, la titular de Género también hizo referencia a otros episodios recientes que afectan a colectivos de trabajadoras dentro de la órbita estatal como el caso de las empleadas del Astillero Río Santiago que sufrieron despidos en un contexto de denuncias por violencia y que marcharon el último 1° de julio hacia el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense para visibilizar su situación.

En línea con el planteo de las trabajadoras despedidas, Hernández también apuntó contra la cartera que conduce Estela Díaz y manifestó su respaldo al pedido de reincorporación. “Tienen responsabilidad en la limitación de las licencias de las docentes y en el despido de las trabajadoras del Astillero Río Santiago porque precisamente las compañeras sufren despidos en el marco de situaciones de violencia de género”, lanzó la entrevistada.