Existe una delgada línea entre lo que se refiere a la seguridad del Estado y la persecución política que la Casa Rosada por estas horas parece haber borrado o, al menos, difuminado.
En las últimas semanas, el gobierno del presidente Javier Milei llevó ante la justicia situaciones de la vida cotidiana, tales el caso de las filmaciones en pasillos de la Casa Rosada o el seguimiento de la mujer del jefe de Gabinete Manuel Adorni en la vía pública, bajo el rótulo de espionaje ilegal.
Es curioso, porque en los hechos, todo indica que ese espionaje, calificado de ilegal, no fue tal, lo que exhibe la paranoia del presidente y parte de su equipo de trabajo que sí cuentan con un aparato que históricamente fue utilizado para tal fin como es la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
La denuncia penal presentada por la Casa Militar contra la periodista Luciana Geuna y el equipo de Todo Noticias marcó un pico de tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación.
En este caso, se acusa a la prensa de realizar maniobras ilegales mediante el uso de lentes inteligentes para filmar sectores supuestamente restringidos de la Casa Rosada.
Sin embargo, dicho argumento se cae ante los hechos. Por empezar, los sectores filmados son transitables, no están restringidos y de hecho en muchos casos son utilizados para llevar adelante las visitas escolares.
Se podrá discutir la forma, pero la propia diputada Lilia Lemoine, quien avala la teoría de espionaje, reveló chats en los que queda expuesto que Geuna y el equipo de TN tenían autorización del secretario de prensa, y mano derecha de Adorni, Javier Lanari.
Pero parece no ser un hecho aislado, ya que otro frente judicial se abrió contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien fue denunciado tras exponer la utilización de recursos públicos por parte de Bettina Angeletti, la esposa de Adorni.
Tailhade, que no es santo de la devoción de quien escribe estas líneas, detalló que Angeletti utiliza una custodia policial para actividades personales, como visitas a un bar llamado La Fernetería o turnos en la manicura.
El Gobierno calificó esto como espionaje ilegal, pero la realidad es que observar a un funcionario o sus allegados en lugares de acceso público, donde cualquiera puede verlos, no constituye inteligencia.
La paradoja de todo este asunto es que el verdadero poder de vigilancia y espionaje ilegal lo tiene el propio Gobierno a través de la SIDE a la que no sólo dotó de un presupuesto extraordinario sino que robusteció la caja de fondos reservados.
De hecho el Gobierno intentó avanzar en puntuales medidas, como la detención de personas por supuesta seguridad nacional o el Plan de Inteligencia Nacional que habilitaba el espionaje sobre periodistas, políticos y economistas que erosionen la confianza del Gobierno.
Por suerte ninguno de estos últimos puntos lograron prosperar y debieron ser retirados por la presión ejercida por la sociedad, el periodismo y la comisión bicameral de inteligencia
Todo lo antedicho expone que el Gobierno, y sobre todo el presidente Milei, ingresó en una espiral de paranoia que no tiene mella, solo alimentada por los seguidores y los propios, muchos de los cuales no se animan a contradecirlo.
(*) Secretario General de Redacción del portal Tribuna de Periodistas
