La política argentina parece moverse estos días en un escenario de doble vara, donde los discursos grandilocuentes chocan de frente con las acciones concretas y las negociaciones de trastienda.
La hipocresía no distingue entre oficialismo y oposición, y la última semana ofreció varios ejemplos notorios que terminan por desgastar la credibilidad de la dirigencia política en su conjunto.
La primera postal de esta realidad se vio en la madrugada de este 18 de diciembre en la Cámara de Diputados, con un acto hipócrita, el Bloque Popular (ex Unión por la Patria) denunciaba a viva voz la “insensibilidad social” del gobierno por los recortes previstos en áreas sensibles como universidades y discapacidad.
Sin embargo, en un giro imprevisible, ese mismo bloque habilitó el tratamiento de los cargos de la Auditoría General de la Nación (AGN). El resultado fue la designación exprés de auditores peronistas (Juan Ignacio Forlón y Rita Mónica Almada) en un procedimiento que dejó al PRO fuera de juego y generó acusaciones de inconstitucionalidad.
Pero la doble vara no es exclusiva del ámbito legislativo o de la oposición. El propio corazón del Poder Ejecutivo Nacional enfrenta cuestionamientos similares.
Mientras el Gobierno del presidente Javier Milei impulsa una reforma laboral criticando sistemáticamente lo que denomina la “industria del juicio”, un dato del pasado del jefe de Gabinete Manuel Adorni expone una notable contradicción.
Según reveló el abogado Facundo Lanza, Adorni se benefició personalmente del mismo sistema que hoy cuestiona, al obtener una indemnización de 60.000 dólares tras un litigio contra un antiguo empleador en 2017.
La ironía es palpable: el ministro coordinador que desde la Casa Rosada arremete diariamente contra los tribunales laborales y los abogados que, en su opinión, parasitan a costa de los empleadores, supo utilizar esas mismas leyes y tribunales para reclamar y cobrar una suma millonaria.
Este expediente se suma a un historial de acusaciones de contradicciones ideológicas contra Adorni, quien además llegó a ser señalado por haber tramitado un crédito hipotecario con tasas subsidiadas por el Estado o intentar formar un sindicato de delivery.
Tanto en el Congreso, donde se intercambian leyes sociales por cargos de control, como en la Casa Rosada, donde se predica contra el sistema que se usó para beneficio propio, el mensaje es claro.
La brecha entre el discurso público y la realidad de la política queda más que evidenciada, con una dirigencia que por lo general no logra resistir su propio archivo.
(*) Secretario General de Redacción de Tribuna de Periodistas. Redactor. Cronista . Editor general. Columnista político en Radio Desvelo
