La jueza Citraro sigue acumulando denuncias y pedidos de destitución

Una madre de dos niños la acusa de «incumplimiento de los deberes de su cargo, inobservancia de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes, y la comisión de hechos de gravedad institucional».

La jueza Laura Sabrina Citraro, a cargo del Juzgado de Familia N° 3 descentralizado en Pilar, del Departamento Judicial de San Isidro, sigue acumulando denuncias ante el Concejo de la Magistratura bonaerense por sus actuaciones en, al menos, una media docena de expedientes.

En este caso, se trata del trámite 4861/2023, caratulado «S. S. c/ J. C. V. s/ reintegro de hijos», patrocinado por los abogados Elisa Noemí Arias y Marcelo Mendoza, que comenzó el 15 de abril de 2023, cuando el denunciado sustrajo a los niños menores del domicilio que compartían con la madre.
Cabe agregar, grafica la presentación contra la jueza, que «este patrón de abuso no es limitado al ámbito familiar: tras la repercusión pública de este caso, múltiples mujeres del entorno laboral del progenitor (una concesionaria oficial de autos) se contactaron con la denunciante, informando haber sufrido abuso psicológico y maltrato por parte del Sr. J. C. V., lo que las obligó a renunciar o resultó en despidos. Todas estas víctimas están dispuestas a declarar, lo que prueba que las acciones del progenitor son un patrón de abuso documentado que la jueza Citraro omitió considerar».

Al respecto, la denunciante apuntó que «la jueza no actuó con la celeridad debida, ignorando el derecho fundamental de los niños a mantener el vínculo con su madre, y  pese a que estuve más de cinco meses sin ver a mis hijos, y que la propia Citraro libró un proveído judicial advirtiendo al Sr. V. que debía facilitar los encuentros y no impedirlos, e incluso cuestionando su permanencia en la tenencia al señalar que desconocía la razón por la cual los niños ‘seguirían viviendo con él’, el cese total y absoluto de contacto se consumó».

«Hace nueve meses que mis hijos, se encuentran en situación de contacto cero, constituyendo un abandono judicial del deber de protección que ha consolidado el daño irreversible en el vínculo», agregó.

De acuerdo a S.S., «aun cuando el CIPAMER evaluó el vínculo y constató un apego seguro y
un vinculo sano, la jueza Citraro no modificó las restricciones de contacto, incurriendo en la
figura de la arbitrariedad probatoria al desoír prueba pericial oficial sin fundamentación idónea».

«El proceso de revinculación fue intencionalmente manipulado por el progenitor (de tres veces por semana a una sola visita) sin que la magistrada ejerciera coerción alguna para garantizar su cumplimiento», siguió antes de recordar que la magistrada «no se presentó personalmente a la audiencia de abril de 2025, conectándose de forma virtual y limitándose a preguntas básicas, y permitió que la niña, bajo evidente manipulación, condujera la audiencia, sin aplicar filtros técnicos para detectar la coacción o la manipulación parental, mostrando una falta de formalidad y de garantías procesales».

Tras la audiencia, Citraro concluyó que la solución al conflicto era una «terapia vincular entre la víctima y su agresor, lo que «denota un profundo desconocimiento de la Ley Nacional 26.485
(Protección integral a las mujeres) y una falta total de capacitación у perspectiva de género (violación a la Ley Micaela 27.499), exponiendo a la denunciante a una revictimización institucional», al tiempo que apuntó a «un contexto de aparente complicidad sistémica donde la Fiscalía N° 2 de Pilar omite medidas clave».

La denunciante también puntualizó diversas actuaciones en las que la jueza tuvo resoluciones controversiales, previo a solicitar una investigación de los hechos, y, entre otras medidas, se ordene una pericia psicológica sobre la magistrada «a efectos de determinar su patología respecto a su cambio repentino de comportamiento y personalidad», y su «inmediata desvinculación» de este expediente.

La presentación fue elevada al Poder Ejecutivo provincial, a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, a la Cámara de Diputados, y a la presidencia del Senado de la Nación.