La Justicia bonaerense frenó la privatización de AySA y la derivó a la justicia federal

La Cámara Contencioso Administrativa de La Plata confirmó una cautelar impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense y remitió la causa al fuero federal.

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata falló a favor de la Defensoría del Pueblo bonaerense en el litigio iniciado contra la privatización de Aguas y Saneamiento SA (AySA). Tras la apelación de la empresa que el gobierno nacional está vendiendo, la justicia ratificó la medida cautelar solicitada por el organismo provincial.

Guido Lorenzino, el titular de la Defensoría, explicó que “el agua potable es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni al recorte de inversiones“. Lo que hace la medida cautelar que acaba de ser ratificada es ordenarle a AySA que se abstenga de hacer “cualquier acción que implique modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar las obligaciones asumidas sobre el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio”.

Esto no implica que se suspende la venta de acciones de la compañía que puso en marcha la administración libertaria. Lo que sí hace el fallo judicial es ponerle límites y obligaciones a la nueva gestión. Según Lorenzino, “una privatización en los términos que busca AySA y el gobierno nacional entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la provincia, los municipios o los habitantes”.

La empresa que provee de agua y cloacas a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un intenso proceso de reestructuración. El gobierno de Milei la declaró “sujeta a privatización” en la Ley Bases y este año abrió una licitación para vender la participación del Estado nacional en AySA. En el medio de una cosa y otra pasaron casi tres años , tiempo suficiente para frenar más de 260 obras, aumentar la tarifa por encima del 400% y despedir a más de 200 empleados.