Provincia
Impulsan la «Ley Joaquín» para regular la seguridad los juegos infantiles
La iniciativa, denominada «Ley Joaquín», tiene como objetivo central resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos y privados.
El diputado provincial y titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para la instalación y el mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos.
La iniciativa, denominada «Ley Joaquín», tiene como objetivo central resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos y privados de todo el territorio provincial.
La propuesta legislativa surge tras el trágico fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió cuando un arco de fútbol sin anclaje se desplomó sobre él durante una actividad recreativa.
En los fundamentos del proyecto, Tignanelli advierte que este caso no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de accidentes graves registrados en el país desde 2007, todos vinculados a la falta de supervisión y mantenimiento adecuado de las estructuras deportivas.
El articulado de la ley establece la obligatoriedad de implementar sistemas de anclaje o contrapesos permanentes para arcos de más de 20 kilos, así como la incorporación de protecciones acolchonadas en pisos, columnas y paredes de las áreas de juego.
Asimismo, la normativa exige que los elementos removibles sean dispuestos correctamente cuando no estén en uso, bajo estrictas recomendaciones técnicas de profesionales matriculados que deberán emitir certificaciones de seguridad periódicas.
Al fundamentar la iniciativa, el legislador señaló la actual ausencia de una normativa nacional integral y tomó como referencia estándares internacionales de seguridad vigentes en Francia y la Unión Europea.
Tignanelli enfatizó que la protección de las infancias requiere de políticas preventivas que actúen antes de que ocurran hechos irreparables, delegando en los municipios la responsabilidad de fiscalizar, sancionar incumplimientos y promover campañas de concientización.
