Corvo Dolcet: de narcolavador a víctima de oscuros poderes provinciales

Se lo acusó de ser el contacto local del jefe narco colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos (vinculado a los carteles de Medellín y del Norte del Valle), en una operatoria consistente en blanquear capitales ilícitos a través de grandes desarrollos inmobiliarios y comerciales en la zona norte del conurbano bonaerense, investigación que involucró a su propia esposa, a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviría, y hasta al futbolista «Chicho» Serna.

Ya en libertad y en privado, Corvo Dolcet atribuía su desventura a Patricia Bullrich, por ese entonces ministra de Seguridad que, a su vez, se jactó públicamente y sin sutilezas del golpe «a la impunidad con la que los carteles operaban en Argentina», al tiempo que describió al abogado y empresario como el «testaferro del dinero de los peores narcocriminales del brutal Cártel de Cali, conocido por su poder, corrupción y asesinatos masivos».

En paralelo, los medios nacionales -Clarín, La Nación, entre otros- se hacían eco de su detención y replicaban la definición: «empresario narco», «abogado narcolavador», etc. y multiplicaban en sus páginas aquella foto tan poco favorecedora de un Corvo Dolcet con la barba y el pelo crecido, desprolijo, vestido con una remera que aparentaba antigüedad y mucho uso.

En 2023 hubo un acercamiento con Patricia a través de un enviado de la ya por entonces candidata presidencial, el canciller que no fue Federico Pinedo, con quien Corvo Dolcet y uno de los accionistas de Pilar Bicentenario se reunieron en el Martindale. Pero eso es otra historia.

El caso es que quienes antes lo denostaban por su presunto vínculo narco, ahora lo consideran una víctima de los gobiernos provincial y municipal, y lo convirtieron en útil herramienta para el operativo que desplegaron hace rato contra cualquier cosa que huela mínimamente a peronismo y pueda convertirse en una alternativa a Javier Milei. Los 6,7,8 de estos días, no disimulan su necesidad de continuar por siempre con un gobierno libertario, y se dedican sin vergüenza a la aniquilación lisa y llana de un posible adversario, haciendo foco principalmente en Axel Kicillof, la cara visible de esa oposición a los delirios mesiánicos del libertarismo.

A tal punto la complacencia de Corvo Dolcet con los periodistas militantes y su rol de víctima, que ni siquiera atinó a defender a su propio abogado, José Manuel Ubeira, cuando en medio de una entrevista Luis Majul soltó con descaro un «uff, más kirchnerista no se consigue», como si la ideología invalidara la capacidad profesional. Esto, porque es al abogado «kirchnerista» a quien Corvo debe que el juez Martínez de Giorgi le devolviera el predio y, más aún, su sobreseimiento en la causa por narcotráfico.

A estas horas, la efervescencia televisiva por el estado del vacunatorio del km 46 parece haber llegado a su fin. El municipio por fin hizo lo que debió hacer hace tiempo -retirarse del lugar apenas conocida la orden judicial- y Corvo Dolcet retomó el control del predio que no parece haber ejercido debidamente, ya que cualquiera pudo ingresar al lugar violando los precintos colocados por la justicia al momento del desalojo, y montar el show necesario para continuar con el operativo demolición a los disidentes.

Lo que Corvo Dolcet no cuenta 

Si bien a sus entrevistadores relató con pelos y señales las diversas alternativas judiciales que tuvo el predio del K46 desde el intento de expropiación a la posterior restitución, lo que el empresario no contó fueron los orígenes de la iniciativa, cuando debió pagar fortunas en «regalos» al Ejecutivo y al Legislativo de Pilar para comenzar con la obra que hasta ahora lo único que muestra es el edificio de cuatro pisos que se utilizó como vacunatorio.

Gobernaba Humberto Zúccaro cuando Corvo Dolcet llegó al municipio con su idea, y el entonces intendente, rápido de reflejos, se encargó de gestionar un convenio del que participó el ministro de Transporte, Florencio Randazzo, el presidente del directorio de Ferrovías, el propio Zúccaro y Corvo Dolcet. Dicho convenio se firmó el 27 de diciembre de 2012.

Según un arrepentido de entonces, en diálogo con infopilar.com.ar, algunas negociaciones por parte de la intendencia estuvieron a cargo del entonces cercano colaborador de Zúccaro, el arquitecto Marcelo Píccolo, que venía precedido por sus polémicas contrataciones durante la administración Bivort, como la famosa asfaltera que jamás funcionó.

Aparentemente, Píccolo consiguió de Corvo Dolcet miles de «razones» para que el intendente fogoneara con sobrado entusiasmo la iniciativa.

Por fin, cerrado el acuerdo, llegó el momento de ser refrendado por el Concejo Deliberante. Previo a este acto, se celebró una reunión en un bar de Panamericana donde con la presencia del propio Corvo Dolcet y tres concejales, luego de arduas negociaciones, se resolvió que el emprendedor «invirtiera» en el cuerpo unas 600 mil «razones» más a las ya acercadas al Ejecutivo, para lograr la aprobación de aquel convenio sin reparo alguno y concediendo como excepción la posibilidad de construir cinco pisos más, dos por encima de lo permitido para zona residencial.

Cabe destacar un dato no menor, las 600 mil «razones» de entonces, equivalen hoy a una cifra varias veces millonaria atendiendo a que por ese entonces cada «razón» cotizaba 4,30 argentinos por cada estadounidense.

Siempre de acuerdo al relato del arrepentido, entre los presentes en esa reunión se encontraba Fabio Gómez, que ya había estado envuelto en una extorsión por coimas a la empresa Transur, que, denunciada mediáticamente por el periodista Claudio Ponce de León, llegó a las fiscalías de la mano del ex concejal Tomás Petrucci en 2003.

El caso es que el convenio fue aprobado -homologado- el 5 de diciembre de 2013 por el Concejo Deliberante con la unanimidad de votos de los presentes. No podía ser de otra manera, ya que, asegura el infidente, algunos ya se habían convertido en receptores de las «razones» arriba mencionadas. Entre ellos aparecían nombres tales como el ya mentado Gómez, Walter Roldán, la histórica Claudia Zakhem, Diego Ranieli, María del Carmen Rodríguez, y Tono Barrias.

Vale la pena mencionar dos detalles anecdóticos de entonces: el primero, que las «razones» se repartían en tres categorías, según el peso y las características políticas de cada uno, y el segundo, que se cumplió en el Concejo la premisa aquella que establece que antes de las Fiestas siempre hay algún «regalito» para sus integrantes.

Mucho videíto y ninguna acción concreta

El revuelo mediático causado por la situación del ex vacunatorio operó como un disparador sobre gente que cuando debió actuar por este tema, prefirió excusarse con argumentos simplones y pueriles. «Que no sé nada del tema», «que yo era muy chico en ese momento», «que lo tendría que hablar antes con… (vaya a saberse con quién)».

Pero con el escándalo servido y las cámaras de la tele nacional dando vueltas, corrieron al predio para manifestar su munícipe indignación y reflejar esa sobreactuada preocupación por el patrimonio sanitario de Pilar en distintos videítos que se encargaron de subir inmediatamente a sus redes.

Es el caso de los concejales Andrés Genna y Martía Ratto, y el ex Juan Martín Tito, a quienes cualquier colectivo los deja en la puerta a la hora de actuar oposición y pretender mostrarse como dignos candidatos a ocupar el principal despacho de Rivadavia 660.

(Continuará)