Superávit fiscal, rutas sin arreglar y bolsillos apretados

El Gobierno consiguió algo que durante años parecía imposible: ordenar las cuentas públicas pero ¿A qué costo? Una parte del ajuste se sostiene sobre fondos destinados a infraestructura que permanecen sin ejecutar. Mientras la macro mejora, el humor social y la economía cotidiana plantean la pregunta que puede definir 2027.

El Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses de 2026 un superávit primario de aproximadamente 0,9 % del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de cerca del 0,1 %, según informó el Ministerio de Economía el 18 de agosto. Es un resultado contable poco frecuente en la historia argentina reciente y el pilar del programa de estabilización.

Una parte del ajuste fiscal se apoya también en la baja ejecución de partidas y fondos destinados a infraestructura. El caso más claro es el Sistema Vial Integrado (SisVial), alimentado por una porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Desde diciembre de 2023 recaudó más de 1,5 billones de pesos. Al cierre de mayo de 2026, a partir de balances, informes mensuales y documentación oficial, se habían ejecutado 394.406 millones en obras viales y quedaban 1,038 billones sin aplicar a ese destino (La Nación). El propio Gobierno admitió que parte de esos recursos se utiliza “para lograr el equilibrio fiscal”.

No todos los fondos son iguales. El SisVial tiene una afectación específica legal clara hacia la red vial nacional. El Fondo de Infraestructura Hídrica registra ejecuciones bajas en distintos relevamientos. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y otros fideicomisos fueron objeto de fuertes recortes o disolución. En varios de ellos las auditorías de la Sindicatura General de la Nación detectaron irregularidades concretas: contrataciones irregulares, demoras generalizadas, falta de controles y, en algunos casos, ejecución casi nula.

El ejemplo de FONDOTEC es ilustrativo. El propio Gobierno informó que entre 2022 y 2023 recibió más de 28.000 millones de pesos y desembolsó apenas 33 millones, además de señalar deficiencias contables y ausencia de criterios claros. En esos casos, el cierre o el recorte fuerte tenía base objetiva. Una cosa es eliminar un fondo ineficiente; otra es retener recursos de fondos cuyo destino legal es la infraestructura para mejorar el resultado fiscal.

Según una investigación de La Nación y cálculos del Instituto Consenso Federal, los fideicomisos que continúan operativos acumularon entre 2024 y 2025 un superávit financiero cercano a los 3.000 millones de dólares. Las proyecciones para 2026 elevan la cifra acumulada cerca de los 4.000 millones. Esos recursos no desaparecen: permanecen dentro del circuito financiero del Estado, en instrumentos del Tesoro.

Mientras las cuentas cierran, el humor social muestra otra foto. Distintas mediciones de julio y agosto de 2026 coinciden en que una mayoría evalúa negativamente la situación económica del país y una porción importante siente que su situación personal es mala o muy mala. La dificultad para llegar a fin de mes, los bajos ingresos y el empleo lideran las preocupaciones. El superávit fiscal, como logro macroeconómico, todavía tiene dificultades para convertirse en una mejora perceptible en la vida cotidiana.

El escenario electoral de 2027 aparece competitivo e incierto. Las mediciones recientes no dibujan una foto única. Algunas muestran a La Libertad Avanza consolidada en torno de los treinta puntos; otras exhiben un escenario mucho más abierto, con el peronismo cerca y un elevado nivel de indecisos. En posibles balotajes hipotéticos las diferencias suelen ser estrechas. La economía y la percepción de futuro concentran, de manera consistente, la mayor parte de los factores que los encuestados señalan como determinantes del voto.

Una parte del desafío oficialista consiste, precisamente, en determinar cuánto de su apoyo actual proviene de la valoración del rumbo y cuánto del rechazo a una eventual vuelta al pasado. Esa es una pregunta abierta.

El superávit es real. Se logró, en buena medida, con una política de ajuste que incluye la baja ejecución de fondos destinados a rutas, obras hídricas y urbanización de barrios. En algunos casos hubo irregularidades documentadas que justificaban un recorte fuerte. En otros, la retención respondió prioritariamente a la meta de equilibrio fiscal.

Ya no se cuestiona si el superávit es necesario. Lo es. La pregunta de fondo es cuánto tiempo puede un gobierno convertir el ahorro fiscal en una virtud política si la sociedad todavía no percibe el beneficio en su vida cotidiana. La macroeconomía puede esperar. El elector, no.

(*) Escritor y columnista en diferentes medios nacionales e internacionales. Periodista de investigación, consultor/asesor político, especializado en campañas electorales