Buscan regular la actividad de los cuidadores domiciliarios en la provincia de Buenos Aires

El diputado de Unión y Libertad, Martín Rozas, apunta a formalizar a los cuidadores domiciliarios bonaerenses mediante un registro obligatorio.

El diputado bonaerense de Unión, Renovación y Fe, Martín Rozas, redactó un proyecto para establecer un régimen regulatorio integral para los cuidadores domiciliarios en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar una tarea extendida en el sistema de salud que hoy carece de un marco normativo.

En principio, el libertario dialoguista concibe a los cuidadores domiciliarios como trabajadores que brindan asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas en situación de dependencia, como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad que requieren acompañamiento en su vida cotidiana.

Para defender a su planteo, Rozas sostuvo que “resulta necesario distinguir al cuidador domiciliario de otros empleos”, al señalar que su tarea incluye acompañamiento integral en la vida diaria. El representante de la Cuarta sección remarcó que esa especificidad requiere una regulación propia, distinta a la que hoy rige para el personal de casas particulares.

En ese marco, el proyecto del oriundo de General San Martín establece como uno de sus ejes centrales la profesionalización de la actividad, con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones y promover la formalización del trabajo de cuidado, que actualmente presenta altos niveles de precariedad en el territorio bonaerense.

Asimismo, el legislador subrayó que la falta de regulación expone a los trabajadores a “los vaivenes y la precarización del mercado laboral de servicios”. “Es una incorporación necesaria al ordenamiento jurídico provincial, a los fines de reconocer una actividad en el ámbito de la salud, invisibilizada”, planteó.

Ante ese escenario, el esquema propuesto crea un Registro Provincial Único, público y obligatorio, que concentra la información de todos los cuidadores domiciliarios habilitados para ejercer en la provincia. Esta herramienta permite relevar y actualizar datos de manera periódica, además de otorgar una matrícula habilitante personal e intransferible.

En tanto, el articulado fija requisitos concretos para la inscripción, entre los que se incluyen la mayoría de edad, la ausencia de antecedentes penales, la acreditación de formación específica, además de aptitudes psicofísicas certificadas. Al mismo tiempo, el proyecto establece que tanto empleadores como prestadores deberán inscribir a los trabajadores, lo que introduce una obligación directa para quienes contratan el servicio y apunta a cerrar espacios de informalidad.

En cuanto a las funciones de estos trabajadores, la norma detalla que los cuidadores deberán asistir a las personas en tareas básicas como higiene, alimentación, administración de medicación bajo indicación profesional, además del acompañamiento en actividades recreativas. A su vez, el texto también asigna un rol clave en la comunicación con las familias, al exigir que informen sobre cualquier cambio en el estado de salud del paciente.

No obstante, la iniciativa incorpora una serie de derechos para los trabajadores, como la posibilidad de negarse a realizar tareas que no correspondan a su función, además de garantizar condiciones de salud física, psíquica y emocional. Asimismo, la presentación contempla la percepción de honorarios acordes a la tarea, en función de los valores establecidos por obras sociales y prepagas.

En relación con el sistema de salud, la propuesta establece que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y las empresas de medicina prepaga deberán contratar únicamente cuidadores inscriptos en el registro, lo que apunta a consolidar la formalización del sector y garantizar estándares homogéneos en las prestaciones.

Por último, Rozas argumentó que una eventual aprobación del proyecto permitirá “crear un marco normativo que jerarquice la actividad, pero que ante todo la legalice creando un estándar mínimo de derechos”. Bajo esta premisa, el texto también alcanza a las cooperativas de trabajo y refuerza el reconocimiento de las formas autogestionadas de organización laboral que imperan en el sector del cuidado.

Vale precisar que el planteo del representante opositor retoma antecedentes legislativos en la provincia, como la media sanción obtenida en 2019 por una iniciativa similar de la entonces diputada de Juntos por el Cambio, Vanesa Zuccari. En este caso, la propuesta contemplaba la creación de un registro único, con el objetivo de conocer la cantidad de trabajadores y su nivel de formación.