La casta que Milei prometió combatir: yates, cargos y vínculos incómodos

Mientras el presidente Javier Milei se muestra públicamente negando la evidente crisis que atraviesa el país y asegura que la Argentina comenzó a despegar en términos económicos, un hecho llamó la atención de un sector de la oposición, no tanto por tratarse de algo ilícito, sino porque se contradice con el propio libreto libertario.

Es que mientras Milei posa con una motosierra y defiende el ajuste como modo de hacer política, son sus propios laderos quienes exhiben un ostentoso nivel de vida con fines casi exclusivamente políticos.

Según información a la que pudo acceder Tribuna de Periodistas, uno de los diputados más importantes con los que cuenta La Libertad Avanza se pasea en un yate que utilizaría con fines de negociación y rosca política.

Se trataría de ni más ni menos que el presidente de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados de la Nación Gabriel Bornoroni, el armador natural de LLA en Córdoba que quedó expuesto ante la Oficina Anticorrupción por declarar un yate al valor de apenas un peso.

Pero el escándalo va más allá del valor de la embarcación, porque además de su utilización para fines políticos en su intención de generar consensos legislativos, la misma termina amarrada en una zona sumamente exclusiva de puerto madero, una dársena que, según supo este medio, estaría controlada por Cristóbal López, el empresario insignia del riñón del kirchnerismo.

De hecho, a solo unas cuadras de allí se ubica el Yacht Club Puerto Madero, vinculado al Clan Neuss (amigos íntimos del asesor Santiago Caputo) convertido en el búnker de la Fundación Faro, aquel think tank libertario cuyo director es el conferencista Agustín Laje.

Del agua al control remoto

El pasado miércoles, de la mano del Boletín Oficial se conoció que el presidente Javier Milei designó a Joaquín Sánchez Charró como vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Se trata de un ex concejal del PRO en General Alvarado (Miramar) que a través de su participación en el concejo deliberante parece haber redefinido el concepto de “representación popular”.

Es que en abril del 2025 se conoció que mientras el concejal debía escuchar a los vecinos se encontraba viviendo en la Ciudad de Buenos Aires cobrando un salario superior como asesor letrado bajo el ala del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

En tal contexto, la oposición en el Concejo Deliberante estalló ya que, según denunciaron, Sánchez Charró solo aparecía en el órgano de debate municipal los días en los que había sesión y luego volvía a desaparecer.

La defensa del hoy funcionario de Milei parece haber sido sacada de un manual de cinismo, argumentando que como había renunciado a su dieta como concejal no le estaba robando al municipio.

Para el hoy vicepresidente de AABE se puede representar a un pueblo a 450 kilómetros de distancia y sin residir allí solo porque no percibe un salario para hacerlo. ¿Hubiese mantenido su dieta si no fuese ilegal? Imposible saberlo, aunque la respuesta parece ser obvia.

(*) Secretario General de Redacción del portal Tribuna de Periodistas