Causa Yofe: «Lilita» colocó a los fiscales en el centro de la escena

Mientras continúa sustanciándose la causa por presunta extorsión agravada que tiene al dirigente de la CC Matías Yofe y uno de sus más cercanos colaboradores como imputados, Diego Escobar, la intempestiva irrupción de Elisa Carrió hizo que la mirada pública se dirigiera al rol de los fiscales en el proceso.

Por estas horas, la atención se concentra en Sebastián Fitipaldi, titular de la Fiscalía del Distrito Tigre Centro- Rincón de Milberg, quien, aún después de las declaraciones que se recibieron en esta investigación -que echaron un razonable manto de dudas y sospechas sobre las denuncias por amenazas (varias) articuladas por el propio Yofe- decidió mantener la custodia por parte de seis efectivos de Prefectura en el domicilio del «lilito».

Las suspicacias sobre las denuncias de Yofe fueron uno de los ejes sobre lo que giraron las declaraciones de dos testigos en la causa que se tramita en la Fiscalía N° 3 de Pilar: la del director de este medio, el periodista Claudio Ponce de León y uno de los propios custodios del dirigente, Jesús Brandán. Ambos coincidieron a la hora de asegurar que los relatos sobre amenazas físicas o atentados personales no se les hacían demasiado creíbles.

El caso es que, según una fuente cercana a este expediente, la custodia a Yofe habría sido un pedido personal de Elisa Carrió a su gran amigo, el jefe de fiscales provinciales Julio Conte Grand, en procura de dotar de un poco más de volumen público a las denuncias contra el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio y la ex presidente del HCD pilarense, Claudia Pombo, en las que el Coalición Cívica tuvo un protagonismo excluyente.

De hecho, la última presentación de Yofe sobre una supuesta agresión en la casa partidaria de la CC en el barrio local Villa Morra, fue realizada en Tigre, desde donde se ordenó la custodia de Prefectura. Y fue concretada en ese distrito, dicen, porque las Fiscalías de Pilar no estaban demasiado convencidas de la veracidad de los hechos y, en consecuencia, no consideraron necesaria la medida de salvaguarda.

Abogadas denunciadas

Por otra parte, y después de la intervención de Elisa Carrió en defensa de su ahijado político contra el fiscal de la causa -ya reflejada en este portal-, la Fiscalía de Instrucción N°3 de Pilar denunció formalmente ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro a Elisa Carrió y a la abogada Albana Zóppolo por las amenazas y presiones recibidas durante el desarrollo del allanamiento que se concretó el viernes 2 de enero último en el domicilio de Matías Yofe.

El fiscal dejó constancia de que Carrió cuestionó la causa, la calificó como “armada” y vinculó el expediente con distintos dirigentes políticos y judiciales ajenos a la investigación. Siempre de acuerdo al acta labrada, la ex diputada nacional le manifestó que no sabía “en qué se estaba metiendo”, que terminaría preso y que actuaría “en forma despiadada” contra él, anticipándole además que al día siguiente sería portada de todos los medios nacionales.

Esta conversación, no fue el único contacto. El fiscal detalló que recibió nuevos llamados, mensajes de WhatsApp y audios, tanto de Carrió como de Albana Zóppolo, quien también se presentó como abogada defensora de Yofe y de su pareja. En esos mensajes se insistía en el ingreso al domicilio, se denunciaban supuestas irregularidades del procedimiento y se advertía sobre una escalada del conflicto.

El informe da cuenta de que, además de los mensajes escritos, Zóppolo envió audios y realizó llamados telefónicos al celular personal del fiscal mientras se desarrollaba el allanamiento.

En este contexto, la Fiscalía resolvió remitir todas las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Isidro para que analice si la conducta de Carrió y Zóppolo se ajustó a las normas que rigen el ejercicio profesional.

Respaldo

A su turno, la sucesión de episodios vinculados con el trámite de este expediente, provocó la reacción de la Asociación de Fiscales de Buenos Aires que salió a respaldar al fiscal Germán Camafreita en medio de las amenazas que sufrió por parte de Elisa Carrió.

La institución repudió “enérgicamente” las presiones e intimidaciones “por parte del poder político local” dirigidas contra su colega y recordaron que su investigación cuenta “con el debido control judicial”.

“Tales hechos constituyen una inaceptable afectación a la independencia del Ministerio Público. Expresamos nuestra solidaridad con el funcionario y exhortamos a las autoridades competentes a garantizar de inmediato las condiciones necesarias para que continúe desarrollando su labor con plena autonomía y seguridad”, agregaron.