Solo acting para la tribuna y tarde

Nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero quince años después es un poco mucho para saborearla. Inspirado en la investigación al empresario Corvo Dolcet, el municipio hizo que el Concejo Deliberante aprobara un régimen «para evitar operaciones de lavado en inversiones locales».

Este último jueves, el Concejo Deliberante de Pilar aprobó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, una ordenanza destinada a “prevenir que fondos, bienes o activos provenientes del narcotráfico sean incorporados a actividades económicas, inversiones, emprendimientos u operaciones sujetas a intervención, autorización, habilitación o control de la Municipalidad del Pilar”.

La nueva norma faculta al Municipio a indagar en el origen de los fondos de cualquier desarrollo inmobiliario o comercial que requiera aprobación de la Comuna. Asimismo, determina que personas o empresas vinculadas con causas por tráfico de drogas o blanqueo de dinero narco no podrán invertir en Pilar, ni ocultarse detrás de sociedades u otras formas jurídicas más complejas para hacerlo.

Entre otros controles, la ordenanza establece que “las personas físicas o jurídicas que soliciten autorizaciones, habilitaciones, permisos o aprobaciones municipales vinculadas con inversiones o emprendimientos deberán presentar una Declaración Jurada de Origen Lícito de Fondos y de inexistencia de impedimentos”.

Esa declaración deberá contener: identificación del titular de la inversión, actividad económica declarada, monto de la inversión, origen declarado de los fondos, identificación de sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas intervinientes, identificación del beneficiario final y de las personas físicas que ejerzan el control efectivo de la persona jurídica, además de una declaración respecto de la existencia de investigaciones o procesos judiciales vinculados con delitos de narcotráfico.

Una de las claves será el acceso a “documentación necesaria para identificar a la persona física y/o jurídica que resulte beneficiaria final, ejerza el control efectivo o tenga participación sustancial en la inversión o emprendimiento”. Por eso, “la falta de identificación suficiente del beneficiario final podrá constituir impedimento para la autorización”.

Si alguna de las personas beneficiarias de la inversión se encuentra “investigadas y/o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico”, la actividad no ser autorizada “mientras subsista dicha situación procesal o judicial”.

A la vez, el Departamento Ejecutivo podrá establecer controles reforzados para operaciones que presenten, entre otras, las siguientes características: inversiones de gran magnitud; grandes desarrollos inmobiliarios; fideicomisos inmobiliarios; estructuras societarias complejas; dificultades para identificar al beneficiario final; inconsistencias entre la actividad declarada y el volumen de la inversión; operaciones cuyo origen de fondos no pueda ser acreditado razonablemente; participación directa o indirectas de personas investigadas y/o procesadas por delitos de narcotráfico.

En tanto, trámites en marcha podrán suspenderse “cuando resulte necesario para verificar el cumplimiento de la presente ordenanza, preservar los intereses municipales o determinar la existencia de alguno de los impedimentos establecidos”.

“La presentación de información falsa, documentación adulterada u ocultamiento deliberado de información relevante para la aplicación de la presente ordenanza será considerada incumplimiento grave, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder”, establece.

Tarde, como siempre

La ordenanza se votó en forma nominal, con la negativa del bloque de LLA (votan en contra y después difunden videos preocupados por el tema), y según reconoció la bancada oficialista, se articuló sobre el antecedente de la investigación judicial por presunto lavado de dinero de un cartel de narcos colombianos contra el abogado Mateo Corvo Dolcet que, a través del fondo Pilar Bicentenario S.A., impulsó la inversión inmobiliaria en el kilómetro 46 de la Panamericana, donde a posteriori el municipio instalaría el principal vacunatorio contra el Covid de la provincia.

El problema de lo aprobado, es que llega tarde, muy tarde, para no hablar de que se trata de una cuestión insustancial y vana, ya que adjudica controles locales que se realizan supramunicipio por parte de organismos nacionales y provinciales. Cualquiera que venga a invertir a Pilar, ya pasó por por esos organismos y cuenta con la autorización para concretar su objetivo. Y es justamente el caso Corvo Dolcet el más ilustrativo al respecto, porque el empresario contaba con los visto bueno necesarios como para desarrollar su emprendimiento.

Fue la intervención judicial la que lo frenó; no Humberto Zúccaro ni el Concejo Deliberante que, por ese entonces -2012- celebró la iniciativa por motivos a los que ya nos hemos referido en notas anteriores.

En ese momento, y desde entonces -y mire que pasaron muchos concejales- no se les ocurrió la necesidad de controles ni de nada por el estilo. Apenas se limitaron a mirar desde afuera e ignorar, incluso, la documentación que se les arrimaba desde este portal  contando, en tiempo real, las distintas peripecias judiciales -y políticas- relacionadas con el emprendimiento en cuestión.

Ahora, repentinamente atacados de legalidad y transparencia, los concejales sobreactúan preocupación y se apuran con medidas que a estas alturas carecen de sustento.