Provincia
Exclusivo: en la causa nafta municipal, por una investigación «sesgada», recusan al fiscal
El abogado Carlos Paniagua, defensor del primer detenido en la causa que investiga una supuesta defraudación al estado municipal por la manipulación de vales de combustible, planteó la recusación del fiscal Andrés Quintana, del que sospecha «parcialidad» y «falta de objetividad».
Los argumentos del letrado para tal petición se fundan en la decisión de Quintana de conceder y luego negar a su defendido Iván Fresneda el status de imputado colaborador, y los vínculos entre la fiscalía y la municipalidad de Pilar, a través de un vehículo.
«Entendemos que el representante del Ministerio Público Fiscal se encuentra imprimiendo una investigación penal preparatoria harto sesgada, cuyo direccionamiento no es otro que hacer ver al Sr. Fresneda como principal responsable de la defraudación al ente municipal; cuando el imputado, y sin desconocer la responsabilidad que le cabe en el evento, no pasa de ser un simple engranaje de esa gran maquinaria del poder político de turno que utilizaba las arcas Municipal para hacerse de fondos públicos», apuntó el abogado al fundamentar su planteo recusatorio, al tiempo que sostuvo, además, que «el Sr. Agente Fiscal ha violentado groseramente, y en
perjuicio del imputado el principio procesal de “PROCESO JUSTO”, como derivado lógico de
la garantía constitucional del “DEBIDO PROCESO LEGAL” consagrado y garantizado en el art. 18 de la
CN; como demás Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos con jerarquía constitucional».
«Tenemos serias y sobradas razones para temer por la parcialidad y la falta de debida objetividad en la
actividad persecutoria y requirente que el Sr. Agente Fiscal viene desarrollando en estos actuados, circunstancias estas que, ciertamente, configuran la causal de recusación y en salvaguarda de derechos y garantías de raigambre constitucional del justiciable, corresponde apartar a todo representante del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial San Isidro, y que por sorteo, se determine cuál será el Ministerio Público Fiscal de otra jurisdicción que deba intervenir».
Paniagua recordó que la denuncia penal que formalizara el secretario Legal, Técnico y de Control de la municipalidad de Pilar, Mariano Sosa Beláustegui, por el delito de malversación de caudales públicos que versaba «sobre las maniobras fraudulentas que se venían llevando adelante en la compra de combustibles para la flota de vehículos municipales mediante el sistema de carga con tarjetas».
«La instrucción llevó adelante diversas medidas investigativas que desembocaron con la detención Fresneda, y ello por considerarlo como uno de los autores penalmente responsable del delito denunciado», agregó para seguir con que «ya privado de su libertad, por expreso pedido del imputado, esta defensa técnica mediante
presentación electrónica de fecha 22/12/2021, formalmente hizo saber al Sr. Agente Fiscal de que era intención del justiciable el someterse al instituto del imputado colaborador». «El Sr. Agente Fiscal en fecha 18 de marzo del año
2022, procede a tomarle declaración testimonial, lo que fue registrado en el video», apuntó.
En ese sentido, el defensor advirtió que «el Sr. FRESNEDA no solo que asumió el grado de responsabilidad que le cupo en el hecho endilgado, sino que también, dio información de relevancia y pormenorizada a la instrucción, de cómo era la operación defraudatoria que, y desde hace bastante tiempo, se venía llevando adelante desde la repartición municipal en perjuicio del erario público».
«Así también, procedió a individualizar a superiores jerárquicos que tenían directa responsabilidad en dicha maniobra delictiva», sostuvo antes de precisar que «tras el formal pedido de homologación que efectuara este defensor sobre el acuerdo de colaboración, de forma ´sorpresiva´ el Sr. Agente Fiscal cambia radical y abruptamente de temperamento sobre la aplicación del instituto del imputado colaborador bajo el supuesto argumento que la Provincia de Buenos Aires no había adherido a la Ley 27.304, no le resultaba vinculante el aplicarlo, procedió a desconocer la existencia de acuerdo alguno, colocando de esta forma al imputado, en un absoluto estado de indefensión».
Por otra parte, después de considerar que «el Sr. Agente Fiscal ha perdido toda objetividad en la presente investigación», y «ha quebrantado groseramente, y en perjuicio del imputado, el principio del proceso justo”, Paniagua se refirió a que «la Municipalidad de Pilar mantiene estrechos lazos de colaboración con el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial San Isidro sede Pilar; y en ese marco de colaboración, es que el municipio ha dotado de un vehículo automotor (dominio LWA079) a la fiscalía sede Pilar; donde además el ente municipal, también se hace cargo de todo gasto que demanda la operatividad de dicho vehículo, como ser justamente combustibles y mantenimiento del rodado».
«Este aspecto, no es antojadizo ni mucho menos aventurado el sostener, que existe un interés común recíproco entre la sede Pilar del Ministerio Público Fiscal con la Municipalidad homónima», razonó antes de evaluar que «dicha circunstancia, puede ciertamente jugar como un factor condicionante en la labor
persecutoria y requirente del Sr. Agente Fiscal; máxime ello, cuando el justiciable Fresnedas en su
declaración ha involucrado directamente a altos funcionarios municipales en las maniobras defraudatorias a
las arcas municipales, y no resulta ocioso recordar a VS, que estos funcionarios son los que justamente
hacen posible ese marco de colaboración».
Además, sostuvo, «de la documental aportada por el imputado claramente surge que la Municipalidad de Pilar asigna una partida presupuestaria específica destinada a solventar gastos de la Fiscalía sede Pilar, circunstancia
que genera un estado de duda más que razonable sobre la existencia de un conflicto de
intereses entre la sede de la Fiscalía de Pilar con el Municipio»
«En otras palabras, la instrucción no solo que DEBERÁ investigar a un amigo, sino que también, y en su caso, deberá imputarlo y procesarlo, y la pregunta que a uno racionalmente le viene a la cabeza es de sí ¿REALMENTE INVESTIGARÁ CON TODA LIBERTAD?», se preguntó..
Si bien Ivan era a quien hacían controlar los vales de combustible y conocía la estafa -por lo cual es cómplice- el pobre muchacho es en esta causa «Un Perejil».
Simplemente lo eligieron a el para que se declare se culpable por que es bonachón y fiel a quien le consiguió el puesto, sabían que no se negaría a levantar la mano y decir…. «Fui yo»…. .
Además mas, le dijeron que lo sacarían rápido y lo premiarían por su fidelidad….el obedeció.. y le pagaron mandándolo a Sierra Chica…. y ojo…..esa cárcel no le toco como andan diciendo por «Sorteo o Licitación» lo mandaron allí usando el poder….. ni a Cristóbal López el de los 8000 millones, el de los casinos etc. etc. lo mandaron a ese presido de máxima seguridad.-
Hay mucho en juego y son muchísimos mas de 60 millones la defraudación que no involucra solamente a esta gestión municipal si no también a las anteriores.-