Proponen crear una “mediación” para no judicializar conflictos en ámbitos educativos

Se debate en la Cámara de Diputados la creación del Defensor de los Docentes para asistirlos ante “cualquier tipo de acoso, intimidación o violencia en las escuelas”.

El diputado radical en Juntos Emiliano Balbín, autor de la iniciativa parlamentaria, explicó que se pretende ayudar a los educadores en situaciones conflictivas que puedan suscitarse con alumnos, padres, directivos o colegas.

“Planteamos una asistencia y representación de docentes, maestros y profesores que recurren a abogados particulares ante determinadas situaciones. En provincias como Mendoza sistemas similares funcionan”, argumentó el legislador bonaerense.

En tanto, explicó que “tomamos contacto con otras fuerzas políticas, algunos están de acuerdo y otros no” con la iniciativa, que promueve “la mediación en el ámbito escolar para que determinadas situaciones conflictivas no lleguen a la justicia”.

Balbín expresó que “venimos trabajando respecto de la necesidad de encontrar una protección para el docente ante distintos tipos de acoso, intimidación y violencia en establecimientos educativos” y representarlos cuando son víctimas de lesiones físicas o materiales.

El texto de la iniciativa prevé que el docente pueda ser asistido y representado gratuitamente, a su solicitud, por un abogado provisto por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

El profesional podrá representar al docente podrá formular denuncias penales o correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la constitución como querellante particular, en aquellos supuestos o causas judiciales que se originen en actos de violencia, agresiones verbales, físicas y/o materiales ejecutados por padres, madres, familiares u otros allegados de los menores alumnos, con motivo del ejercicio regular de la función docente.

También que la Dirección General de Cultura y Educación deberá adaptar sus guías, protocolos y normas, vinculadas con esta materia a las disposiciones de la presente ley, con la debida intervención en lo pertinente, del Ministerio Público, a fin de garantizar la correcta aplicación de lo dispuesto en la normativa.

La aplicación de la normativa se realizará en forma coordinada con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

“Este mecanismo permite la protección del docente ya sea para la realización de denuncias, como así también para su defensa. Se trata de medidas que, de acuerdo con las circunstancias a las que hacemos frente, es necesario tomar. Debemos como sociedad defender la cultura de respeto, adaptada al momento actual, aspecto fundamental de la educación en la que todos tenemos una cuota parte de responsabilidad, desde los funcionarios hasta los padres de los alumnos”, finalizó diciendo Balbín.